Sentencia A. 2748/23

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-2748/23

 

INEXISTENCIA DE CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE JURISDICCIONES-Incumplimiento del presupuesto subjetivo

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

sala Plena

 

 

AUTO 2748 DE 2023

 

 

Expediente: CJU-4729

 

Aparente conflicto de jurisdicciones suscitado entre la Fiscalía 5 Seccional de Delitos contra la Administración Pública de Cúcuta y el Juzgado 190 de Instrucción Penal Militar

 

Magistrado ponente: Jorge Enrique Ibáñez Najar

 

 

Bogotá D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

 

 

AUTO

 

I.       ANTECEDENTES

 

1.                 El 29 de noviembre de 2016, el ciudadano José Luis Jácome García advirtió a la Policía Nacional de un hallazgo dentro de un proceso de contratación entre dicha entidad y el Consorcio Mecatronic. Según el ciudadano, la Policía Metropolitana de Cúcuta habría pagado la suma de $14.111.432  de pesos por el mantenimiento correctivo a un vehículo de la Institución. Sin embargo, no se habría efectuado como consecuencia de la alta cantidad de vehículos represados para mantenimiento.[1] Como consecuencia de lo anterior, el 2 de enero de 2017, el Juzgado 171 de Instrucción Penal Militar ordenó la apertura de investigación preliminar a fin de determinar los posibles responsables y los tipos penales en que estos habrían incurrido.[2]

 

2.                 En atención a la Resolución 000447 de 2017 de la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, que trasladó el Juzgado 190 de Instrucción Penal Militar a Cúcuta, esta autoridad judicial, el 2 de enero de 2017, avocó conocimiento del proceso que, inicialmente, había sido conocido por el Juzgado 171 de Instrucción Penal Militar.[3]

 

3.                 No obstante lo anterior, en Auto del 24 de enero del 2018, el Juzgado 190 de Instrucción Penal Militar remitió las diligencias a la Fiscalía General de la Nación. En su consideración, la conducta reprochable fue cometida por particulares, esto es, por el Consorcio Mecatronic y no, como señalaron estos últimos, por imprudencia exclusiva del supervisor del contrato; motivo por el cual, no se acreditaría el fuero necesario para adelantar el trámite ante la Justicia Penal Militar.[4]

 

4.                 Por su parte, las diligencias fueron repartidas a la Fiscalía General de la Nación. El Fiscal 5 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Cúcuta, mediante Constancia del 27 de mayo de 2022, propuso conflicto negativo ante la Corte Constitucional. Al respecto, indicó que habrían sido miembros activos de la Policía Metropolitana de Cúcuta quienes, preliminarmente, habrían incurrido en el delito de peculado sobre bienes de dotación o en peculado culposo, de acuerdo al Código Penal Militar.[5]

 

5.                 El 15 de septiembre de 2023, el expediente fue remitido a la Corte Constitucional.[6] Posteriormente, en sesión virtual del 3 de octubre de 2023 fue repartido al despacho encargado, y la remisión para la sustanciación se realizó el 5 de octubre siguiente.

 

 

II.      CONSIDERACIONES

 

Competencia

 

6.                 De conformidad con lo previsto en los artículos 241.11 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015,[7] la Sala Plena de la Corte Constitucional está facultada para dirimir los conflictos de competencia entre jurisdicciones.

 

 

Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

 

7.                 Esta Corporación ha señalado que los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando “dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”.[8]

 

8.                 En ese sentido, en el Auto 155 de 2019, la Sala Plena precisó que se requieren tres presupuestos para que se configure un conflicto de competencia entre jurisdicciones, a saber:[9] (i) presupuesto subjetivo, el cual exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones;[10] (ii) presupuesto objetivo, según el cual debe existir una causa judicial sobre la cual se suscite la controversia, es decir, que pueda verificarse que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional;[11] y (iii) presupuesto normativo, a partir del cual es necesario que las autoridades en colisión hayan manifestado, a través de un pronunciamiento expreso, las razones de índole constitucional o legal por las cuales se consideran competentes o no para conocer de la causa.[12]

 

 

Inexistencia de conflicto de competencia entre jurisdicciones por incumplimiento del presupuesto subjetivo

 

9.                 En relación con el presupuesto subjetivo, esta Corte ha sostenido que, cuando no se presenta esa contradicción, es impropio concluir la configuración de un conflicto de jurisdicción o de competencia. Entonces, un conflicto de esta naturaleza solo puede trabarse en el entendido de que, en un caso en concreto, dos autoridades judiciales de jurisdicciones diferentes reclamen para sí o nieguen ser competentes para tramitar el asunto correspondiente.[13]

 

10.             Así las cosas, la Corte ha reiterado que “el conflicto de jurisdicción no puede provocarse autónomamente por las partes del respectivo proceso, sino que necesariamente debe comprobarse que dos autoridades judiciales de jurisdicciones diferentes reclaman para sí o niegan ser competentes para asumir el conocimiento del asunto correspondiente”.[14] (énfasis añadido)

 

11.             En síntesis, la Sala resalta que los conflictos de jurisdicción suponen la existencia de una controversia entre dos autoridades que administren justicia y formen parte de distintas jurisdicciones.

 

 

Sobre la legitimidad de la Fiscalía General de la Nación para proponer conflictos de jurisdicción. Reiteración de jurisprudencia

 

12.             Sobre la configuración del elemento subjetivo, la Corte Constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse frente a la posibilidad de que la Fiscalía General de la Nación promueva conflictos interjurisdiccionales. En concreto, la Sentencia SU-190 de 2021 precisó que, desde una perspectiva orgánica, la Fiscalía pertenece a la Rama Judicial. Sin embargo, desde el punto de vista funcional, cumple funciones tanto jurisdiccionales como no jurisdiccionales.

 

13.             Frente a la primera hipótesis, la jurisprudencia ha advertido que una función es jurisdiccional cuando (i) “la Constitución o la ley la han calificado como tal” expresamente; y, (ii) la materia sobre la cual ha de decidir el órgano goza de reserva judicial explícita o implícita, por mandato constitucional o legal. De ese modo, con posterioridad a la expedición del Acto Legislativo 3 de 2002 y, específicamente en el marco de la Ley 906 de 2004, se ha considerado que la Fiscalía ejerce dicha clase de funciones cuando desarrolla actos (i) calificados como tal en la Constitución o la Ley o (ii) que “impliquen restricción de los derechos fundamentales de las personas”.[15] Esto es, por ejemplo, cuando “[a]delanta registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones”.[16] En ese tipo de escenario, resulta claro que tiene la facultad de provocar y ser parte de conflictos de competencias entre jurisdicciones.

 

14.             En cuanto a las funciones no jurisdiccionales, la Corte ha precisado que tienen lugar cuando la Fiscalía desarrolla actuaciones básicamente consistentes en “solicitar decisiones a un juez penal y aquellas en las que no hay reserva judicial”. A manera de ejemplo, ha resaltado los deberes de velar por la protección de las víctimas e intervinientes o de presentar escrito de acusación.[17] En el marco de este escenario, la jurisprudencia ha admitido la facultad excepcional de esta autoridad para promover o aceptar directamente conflictos entre jurisdicciones, incluso, desde la fase de investigación.[18] En concreto, ha señalado que el ente acusador puede hacer parte de conflictos de jurisdicción frente a la Justicia Penal Militar, siempre que estén involucradas posibles graves violaciones de derechos humanos.[19]

 

15.             Efectivamente, de forma reiterada, la jurisprudencia ha señalado que la Fiscalía puede promover conflictos entre jurisdicciones, en procesos que estén en etapa de investigación, cuando el delegado del caso considere que la Justicia Penal Militar puede tener competencia para conocer del asunto. En ese sentido, la Sentencia SU-190 de 2021 estableció que:

 

“[S]ea que la Fiscalía, en tanto parte del proceso, no cumple funciones jurisdiccionales como regla general, el ejercicio de la acción penal está ligado de forma necesaria a la activación de la jurisdicción ordinaria. Esa estrecha e inescindible relación entre la investigación que desarrolla el fiscal y la determinación de la competencia de los jueces ordinarios para adelantar la fase del juicio, en criterio de la Corte, comporta que el debate sobre las autoridades a quienes corresponde conocer del asunto puede ser planteada desde la investigación, por parte de la Fiscalía General”.

 

16.             Dicha conclusión tiene fundamento en los principios de celeridad y economía procesal. Lo expuesto, porque permite que desde un comienzo la entidad competente conduzca la investigación sin dilaciones que interrumpan sus etapas o procedimientos que deban repetirse. También, garantiza el acceso y eficacia de la administración de justicia en la medida en que el indiciado conoce cuál es la autoridad responsable para conocer del proceso, sin ser sometido a incertidumbre. Finalmente, fortalece la justicia y evita que haya escenarios de impunidad.

 

17.             En desarrollo de lo anterior, mediante Auto 704 de 2021, la Sala Plena estudió un conflicto de competencia suscitado entre la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad penal y la Justicia Penal Militar. Allí estableció que la Fiscalía puede suscitar conflictos entre estas jurisdicciones cuando “involucren hechos en los que pueden existir graves violaciones de Derechos Humanos, tales como masacres o ejecuciones extrajudiciales” (énfasis propio).

 

18.             Esta posición fue reiterada en los Autos 1163 de 2021 y 196 de 2022, entre otros. En esas providencias, la Corte estudió casos en los que la Fiscalía y la Justicia Penal Militar reclamaron la competencia para conocer de investigaciones fundamentadas en riñas entre dos militares. En esa oportunidad, la Sala Plena señaló que, según la comunidad internacional, pueden considerarse graves violaciones de los derechos humanos:

 

“[L]as ejecuciones extrajudiciales,^[20] la desaparición forzada,^[21] la tortura,^[22] el establecimiento o mantenimiento de personas en estado de esclavitud, la servidumbre o trabajo forzoso,^[23] las masacres,^[24] la detención arbitraria y prolongada,^[25] el desplazamiento forzado,^[26] la violencia sexual contra las mujeres^[27] y el reclutamiento forzado de menores de edad^[28]”.^[29]

 

19.             A partir de lo anterior, la Corte estableció que:

 

“[S]i el conflicto de jurisdicciones se plantea entre la Fiscalía General de la Nación y un Juzgado Penal Militar respecto de la investigación de un delito contra la vida, pero que prima facie no constituye una grave violación a los derechos humanos, no se encuentra configurado un conflicto entre jurisdicciones que deba ser resuelto por la Corte Constitucional”.^[30]

 

20.             En conclusión, según la jurisprudencia de la Sala Plena de la Corte Constitucional, la Fiscalía está facultada para promover conflictos de competencia, incluso, cuando en ejercicio de funciones no jurisdiccionales. Lo expuesto, siempre que: (i) corresponda a un caso en el cual, la Justicia Penal Militar eventualmente pueda resultar competente y; (ii) los hechos objeto del proceso prima facie constituyan una grave violación a los derechos humanos.

 

 

Caso concreto

 

21.             En el caso de referencia no se configuró un conflicto de competencia entre jurisdicciones. La Sala Plena considera que no hay lugar a resolver de fondo el asunto bajo estudio, en la medida en que no se configuró un conflicto de jurisdicciones. En este caso, no se acredita el presupuesto subjetivo, porque no existe una controversia efectiva entre dos autoridades judiciales.

 

22.             En concreto, la Sala encuentra que la Fiscalía General de la Nación, en su delegada, Fiscalía 5 Seccional de Delitos contra la Administración Pública de Cúcuta no estaba facultada para proponer el conflicto entre jurisdicciones referido. Por un lado, cabe destacar que sus actuaciones ocurrieron en ejercicio de competencias no jurisdiccionales. Ciertamente, el ente acusador planteó el aparente conflicto en el marco de su labor de investigación frente a conductas que pueden revestir las características de un delito; los actos procesales respecto de estas conductas no cuentan con reserva judicial, así como requieren de la determinación de un juez penal.

 

23.             Por el otro, las acciones de la Fiscalía Delegada no encuadran en las excepciones admitidas por esta Corporación. Lo expuesto, porque, prima facie, no concurren circunstancias que permitan inferir que la conducta constituyó una grave violación a los derechos humanos. De manera que, solo pueden ser catalogadas como tal aquellas que superen el umbral de gravedad establecido por la jurisprudencia.[31]

 

24.             En este caso, la Sala no desconoce la gravedad de los presuntos hechos objeto de investigación, que habrían afectado el bien jurídico de la administración pública, causando un posible daño patrimonial al erario, así como por la posible participación funcionarios de la Policía Nacional.

 

25.             Con todo y a pesar de lo anterior, prima facie, no es posible determinar que los hechos ocurrieron en un contexto de violencia generalizada, ataque contra la población civil o, siquiera, que existiesen víctimas que gozaran de una condición de especial vulnerabilidad; de hecho, las conductas posiblemente constitutivas de delitos se enmarcan en procedimientos de contratación pública de la entidad afectada. De esta manera, la Sala advierte que, desde una valoración preliminar de las circunstancias que rodean el caso, no es posible identificar la presunta ocurrencia de violación alguna a los derechos humanos.

 

26.             En este punto, la Corte aclara que este pronunciamiento de ninguna manera constituye un prejuzgamiento, porque la valoración de los hechos es exclusiva del juez de conocimiento.

 

27.             En consecuencia, al no acreditarse el presupuesto subjetivo por no configurarse una controversia entre dos autoridades con funciones jurisdiccionales, la Sala Plena se declarará inhibida para decidir el presente asunto. Como consecuencia de ello, ordenará devolver el expediente a la Fiscalía 5 Seccional de Delitos contra la Administración Pública de Cúcuta para que, dentro de sus competencias, adelante las acciones pertinentes y comunique la presente decisión al Juzgado 190 de Instrucción Penal Militar.

 

28.             Por otro lado, la Sala observa que los hechos fueron puestos en conocimiento de la Policía Nacional desde noviembre de 2016,[32] así como que el Juzgado 190 de Instrucción Penal Militar avocó conocimiento de las diligencias desde el 2 de enero de 2017;[33] no obstante, no fue sino hasta septiembre de 2023 que la Fiscalía 5 Seccional remitió el asunto a esta Corporación para que se dirimiera el conflicto negativo entre jurisdicciones.[34]

 

29.             Por lo anterior, se estima necesario recordar a las autoridades en conflicto que han conocido del presente asunto su obligación constitucional y legal de administrar justicia de forma pronta, cumplida y eficaz, así como su fin último de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades, y sobre las consecuencias que no hacerlo generan, en detrimento de los interesados y de la sociedad, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 270 de 1996, por lo que se les insta para que, en lo sucesivo, se abstengan de incurrir en prácticas dilatorias que pueden menoscabar los derechos de los sujetos procesales.

 

30.             Conforme lo anterior, para evitar que los investigados por conductas constitutivas de delitos queden expuestos a la posibilidad abierta e indefinida en el tiempo de ser perseguidos penalmente por el Estado, el legislador ha previsto la determinación de términos prescriptivos de las acciones penales. En este sentido, la Sala advierte a las autoridades judiciales que cuentan con el deber de evitar que ciertas conductas queden impunes, así como de que no se socave la confianza en el sistema judicial, como consecuencia del posible acaecimiento de la prescripción.[35]

 

31.             En ese sentido, por intermedio de la Secretaría General, se compulsarán copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander para que, dentro de sus competencias, adelante las acciones pertinentes respecto de las actuaciones surtidas por la Fiscalía 5 Seccional de Delitos contra la Administración Pública de Cúcuta pues, si bien conoció del proceso desde el 2018, no fue sino hasta mayo de 2022, que decidió apartarse del conocimiento del asunto y proponer el conflicto negativo sub judice.[36]

 

32.              Por otro lado, se compulsarán copias, conforme el artículo 58 de la Ley 1765 de 2017,[37] y el artículo 76 del Decreto 262 de 2000,[38] a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Cúcuta para que, en el marco de sus competencias, adelante las acciones pertinentes respecto del Juzgado 190 de Instrucción Penal Militar.

 

 

III.    DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución

 

 

RESUELVE

 

 

Primero.     Declararse INHIBIDA para resolver sobre el aparente conflicto de jurisdicción promovido por la Fiscalía 5 Seccional de Delitos contra la Administración Pública de Cúcuta y el Juzgado 190 de Instrucción Penal Militar, por no observarse el presupuesto subjetivo para su configuración.

 

Segundo.    Por Secretaría General, REMITIR al Fiscalía 5 Seccional de Delitos contra la Administración Pública de Cúcuta el expediente CJU-4729 para que adelante las funciones de su competencia, y comunique lo pertinente al Juzgado 190 de Instrucción Penal Militar.

 

Tercero.      Por Secretaría General, COMPULSAR COPIAS del expediente a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander para que, dentro de sus competencias, adelante las acciones pertinentes respecto de las actuaciones surtidas por la Fiscalía 5 Seccional de Delitos contra la Administración Pública de Cúcuta.

 

Cuarto.      Por Secretaría General, COMPULSAR COPIAS del expediente a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Cúcuta para que, en el marco de sus competencias, adelante las acciones pertinentes respecto de las actuaciones surtidas por el Juzgado 190 de Instrucción Penal Militar.

 

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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